Congreso sanciona la Ley de Alianza Público-Privada

La Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria la ley “de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado” conocida también como Alianza Público Privada. 

Tras cuatro cuatro horas y media de debate se llevó a votación nominal las dos propuestas, donde la versión Senado obtuvo 60 votos, la de Diputados 15, tres se abstuvieron y dos ausentes. 

El documento se remite al Ejecutivo para su veto o promulgación.

La cámara baja tiene 2 opciones, su versión y la de Senadores. Archivo

Después de cuatro horas y media de debate se llevó a votación nominal las dos propuestas. La versión Senado obtuvo 60 votos y la de Diputados 15, tres se abstuvieron y dos ausentes.
Esta Ley otorga pleno poder al presidente Horacio Cartes para promover a través de la promoción público-privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios, así como en la producción de bienes.

Entre los cambios hechos se encuentran el artículo 52, en el que se establece que el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo a estructurar, seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos de obras con participación público-privada. Además dispone las concesiones no solo de infraestructura, sino también de bienes y servicios.

El estudio de la norma se desarrolló en medio de una protesta nacional, donde varios sectores sociales, sindicatos y educadores nucleados en la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), exigieron al Congreso el rechazo del proyecto, que esta tarde fue sancionado.
Este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara Baja en marzo de este año, sin embargo el Senado introdujo varias modificaciones a pedido del Poder Ejecutivo.

La Cámara Baja necesitaba 41 votos para ratificarse en su versión,  sin embargo solo 15 votaron por la ratificación del proyecto original.

El diputado José María Ibañez, en representación de la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), manifestó la importancia de la ley que permitirá  al capital privado invertir en obras de infraestructura, “allí donde el estado no llega”.

Aclaró que la ley no es la privatización de los bienes del Estado y que no habilita al Poder Ejecutivo a despedir a funcionarios públicos ya que “la idea es generar nuevos empleos”.

En representación de un sector del Partido Liberal, Antonio Buzarquis, dijo que la posición oficial de su partido es la de apoyar la versión original. Afirmó que las modificaciones introducidas por los senadores otorgan súper poderes al Ejecutivo, además de incluirse en la propuesta servicios públicos y no solo obras de infraestructuras, como establece la versión Diputados.

A su turno el diputado liberal, Enrique Mineur, expresó que tienen una instrucción de su partido que valoran pero que cada uno tiene su posición al respecto.

“La Alianza Pública Privada es una respuesta política, es una herramienta legislativa que le otorgamos hoy  al  Poder Ejecutivo, de una forma sincera”.

SE RECHAZÓ POSTERGACIÓN

Por parte las bancadas del Frente Guasú y Avanza País expresaron sus rechazos y solicitaron la postergación, por 30 días, “ya que el proyecto no fue debatido ampliamente con la ciudadanía”.

Esta moción se puso a disposición de la plenaria pero no prosperó por lo que el debate prosiguió.

Esta normativa tiene por objeto establecer normas y mecanismos para promover, a través  de  la participación público privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios, así como en la producción  de bienes.

Establece la figura jurídica  de los contratos de participación público privada, contempla la figura de la iniciativa privada y regula el uso de los fideicomisos  para los fines establecidos en la presente ley.

Los contratos podrán comprender proyectos de infraestructura y de gestión de servicios, incluyendo proyectos viales, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, de hidrovías de dragado y mantenimiento de la navegabilidad  de los ríos, de infraestructuras social, eléctrica, equipamiento y desarrollo urbano.

Fuente: lanación

P.U.M.A.: Señores Moody's, Fitch, Standard & Poors, ahora los esperamos con los brazos abiertos para que nos aumenten nuestra calificación de deuda pública y bonos soberanos, así como uds. lo habían anunciado.

La aprobación de la ley de Responsabilidad Fiscal y la de la Alianza Público-Privada eran requisitos básicos para el aumento de nuestra calificación que puede ser una Nota o dos.

Estamos cada vez más cerca del "grado de inversión" que tanto necesitamos para seguir avanzando hacia la siguiente meta: en primer lugar, de recálculo del PIB por parte del BCP y en segundo lugar, llegar a los 10 mil dólares per cápita y abandonar el tercer mundo para entrar en el ámbito del "desarrollo" como país emergente.