Expropian tierras de Montanaro a favor de 120 familias
La Cámara de Diputados sancionó ayer
la ley de expropiación de 9 hectáreas ubicadas en Ciudad del Este del
ya fallecido Sabino Augusto Montanaro, ministro del Interior durante
la dictadura stronista.
La expropiación es a favor de 120 familias del
asentamiento Boquerón II, que ocupan el terreno hace 15 años.
La fracción expropiada será destinada a la Universidad Nacional del Este (UNE), con excepción de una parte denominada Barrio Boquerón II, que será asignada a la Secretaría de Acción Social (SAS) para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes.
El artículo 3 de la ley procede a indemnizar a las personas que legítimamente se acreditaron la calidad de propietarias de la finca expropiada, conforme con lo dispuesto por la Constitución Nacional y las leyes. La UNE, la SAS y los propietarios acordarán, en un plazo no mayor a 90 días, el precio de las fracciones. En caso de no haber acuerdo en el citado plazo, las partes recurrirán al Juzgado de Primera Instancia que corresponda, a los efectos de la determinación judicial del costo.
La ley sancionada fue presentada por el diputado del Partido Liberal Víctor González Drakeford. El documento menciona que la transferencia de los lotes a los ocupantes se realizará después de comprobarse, a través de un certificado, que los mismos y sus cónyuges no poseen otro inmueble en el territorio nacional.
La fracción expropiada será destinada a la Universidad Nacional del Este (UNE), con excepción de una parte denominada Barrio Boquerón II, que será asignada a la Secretaría de Acción Social (SAS) para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes.
El artículo 3 de la ley procede a indemnizar a las personas que legítimamente se acreditaron la calidad de propietarias de la finca expropiada, conforme con lo dispuesto por la Constitución Nacional y las leyes. La UNE, la SAS y los propietarios acordarán, en un plazo no mayor a 90 días, el precio de las fracciones. En caso de no haber acuerdo en el citado plazo, las partes recurrirán al Juzgado de Primera Instancia que corresponda, a los efectos de la determinación judicial del costo.
La ley sancionada fue presentada por el diputado del Partido Liberal Víctor González Drakeford. El documento menciona que la transferencia de los lotes a los ocupantes se realizará después de comprobarse, a través de un certificado, que los mismos y sus cónyuges no poseen otro inmueble en el territorio nacional.
Fuente: ultimahora
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